Andrea Roxana Caraballo Marrero
Guadalupe Rodriguez
David Wells
Jenifer Ann_LawhorneOCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Tres ciudadanos estadunidenses y una uruguaya fueron detenidos antenoche por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEE) en calles del Centro Histórico, por reclamar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz que se haga justicia en el crimen del camarógrafo de Indymedia, Brad Will.
La PEE posteriormente puso a los extranjeros a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), acusados de golpes a dos agentes y de daños de un radio portátil de comunicación, pero más tarde fueron dejados en libertad por un incidente de desvanecimiento de datos promovido por la propia institución, informó el presidente del Protectorado Mexicano para los Derechos Humanos, Jesús Alfredo López García, quien asistió a los detenidos.
El activista dijo que los ciudadanos estadunidenses Guadalupe Rodríguez López, Jeniffer Ann Lawhorne y James David Wells, así como la uruguaya Andrea Caravallo Marrero, increparon alrededor de las 21:00 horas al mandatario cuando caminaba por la esquina de Hidalgo y 20 de Noviembre, a una cuadra del zócalo de la ciudad.
“Encontraron causalmente a Ulises Ruiz y una de ellas, amiga de Brad Will, le dice ‘justicia para Brad Will’ y ‘entrega a los verdaderos asesinos’. Eso fue todo. Después, los detuvieron y los anduvieron paseando en un vehículo por varios lados y durante varias horas, hasta que los presentaron alrededor de la una de la mañana en la Procuraduría”, señaló.
Explicó que los extranjeros fueron puestos a disposición de la cuarta mesa con detenidos de la PGJE a las 11:30 horas, pero no habían declarado ante el agente del Ministerio Público, Raúl Ruiz López, ni conocían las acusaciones en su contra.
Las imputaciones a los tres estadunidenses y a la uruguaya, señaló, las pudo conocer al leer el parte informativo rendido por los supuestos agraviados, los agentes de la PEE, Gabriel Vásquez Bartolo y Lucas Mijangos Palacios, ante el agente del Ministerio Público.
“Es increíble que hicieron una acusación así; (los extranjeros) no pudieron atacar tres mujeres y un hombre a dos policías dispuestos de los medios para repeler una agresión. Pero es más increíble que el radio supuestamente destruido tenga un costo de 35 mil pesos”, indicó.
Rechazó que el reclamo de los ciudadanos estadunidenses y la uruguaya no violó el artículo 33 de la Constitución Política de México donde se prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país.
“La demanda de justicia y de respeto a los derechos humanos es universal y México está comprometido a ser garante y protector”, indicó.
López García dijo que la PGJE se desistió en iniciar alguna averiguación previa a los extranjeros, a iniciativa del Protectorado Mexicano para los Derechos Humanos y del Consulado de los Estados Unidos, y promovió un incidente de desvanecimiento de datos para lograr su libertad.
Aunque observó que los tres estadunidenses y la uruguaya quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para revisar su situación migratoria, pero por no encontrarse alguna irregularidad también fueron liberados.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Jorge Toledo Luis dijo que la detención de los estadunidenses y la uruguaya “fue solo un incidente” y subrayó que en Oaxaca “se respetan los derechos humanos”.
“Respetamos los derechos humanos y bienvenidos sean los turistas extranjeros, pero no permitiremos que se transgreda la Ley”, señaló.
