Jesús OLMEDO… 19/11/09
San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca.-Pobladores de este municipio de los Valles Centrales retubieron a 11 funcionarios del Ayuntamiento, con la exigencia de la desaparición de poderes y la cancelación al proyecto de la minera canadiense “Cuzcatlán”.
Los hombres, mujeres y niños tapados del rostro y armados de palos y machetes vigilan celosamente a los retenidos, entre ellos, Francisco González Gopar, síndico municipal; Misael Hernández, regidor de Salud y al comandante de la Policía Municipal, Martín Pérez.
Estos tres servidores públicos están como rehenes ante una posible represión por parte de los granaderos de la Policía Preventiva, que están fuertemente armados y hasta tienen perros entrenados, estos se ubican a unos 50 metros de distancia de los grupos inconformes.
Los pobladores mantienen atados de manos y pies a las tres autoridades, quienes están sentados en sillas a un costado de una especie hoguera a base de madera y rociada con gasolina, precisamente en la explanada municipal.
Mientras que los otros 8 servidores públicos retenidos son topiles de San José del Progreso y escoltas del edil desconocido, Oscar Venancio Martínez Rivera, mismos que están prisioneros en la cárcel del Palacio Municipal.
Según los manifestantes el presidente municipal ayer huyó hacia la capital oaxaqueña, ya que también iba a ser detenido y linchado por la comunidad, pues es acusado de abuso de autoridad, lesiones, amenas de muerte y represión.
Las autoridades del Gobierno del Estado aún no llegan a la zona y muestran apatía para dialogar con los manifestantes, solo han enviado a unos 200 policías con equipo antimotin para intentar rescatar a los retenidos y reprimir al pueblo.
En conferencia de prensa, habitantes de la comunidad advierten que no liberarán a los rehenes hasta que se habrá una mesa de diálogo con el Secretario de Gobierno, Jorge Toledo Luis, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Herminio Cuevas Chávez y el procurador de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Ramírez.
Las demandas principales de los inconformes son: la desaparición de poderes y el nombramiento de un Consejo Municipal de Administración; auditoria al cabildo municipal por presuntos actos de corrupción y malversación de recursos del ramo 28 y 33, pero además del dinero recibido por representantes de la empresa minera.
Otra exigencia es la cancelación de las órdenes de aprehensión contra pobladores que están dentro de la Unión de Pueblos en Resistencia del Valle de Ocotlán, ya que según carecen de sustento y fueron fabricadas por las autoridades municipales, empresarios de la minera Cuzcatlán y el Gobierno del Estado.
La carretera principal que pasa frente a la mina fue destruida y los caminos cosecheros fueron obstruidos con tierra y zanjas, el acceso a la comunidad es limitado y para ingresar hay que tomar veredas por pueblos cercanos o caminar de la carretera al pueblo unos 2 kilómetros.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada